El Gobierno de Castilla-La Mancha ha recurrido el último trasvase de 20 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura, aprobado por el Ministerio el 27 de julio, en base a un informe jurídico que avala que la «reserva legal» en la cabecera del Tajo ya es de 400 hectómetros cúbicos.
La legislación que recogió el memorándum del Tajo estableció un período transitorio de cinco años para alcanzar la reserva de 400 hectómetros cúbicos.
Sin embargo, el Gobierno de Castilla-La Mancha razona en su recurso que lo que se recoge es que el nivel 400 hectómetros se alcanzará «a lo sumo en cinco años», es decir que como máximo será en cinco años lo cual no equivale a que «dicho nivel deba alcanzarse obligatoriamente en cinco años» sino que puede ser en menos tiempo.
Así lo indica el informe jurídico que sostiene el recurso presentado la semana pasada por Castilla-La Mancha, al que ha tenido acceso Efe.
El Ejecutivo regional subraya la «inconstitucionalidad y nulidad» de la disposición transitoria segunda de la ley de evaluación ambiental de 2013 y matiza la «crítica» situación de los embalses de cabecera del Tajo, algo que «hubiese exigido la máxima cautela y ponderación a la hora de atender demandas de otras cuencas».
La Junta estima que este último trasvase «quiebra el más elemental principio de lealtad institucional» que obliga a las administraciones a ponderar «todos» los intereses públicos implicados.
Explica, asimismo, que no se han motivado ni justificado las razones que han decidido el trasvase y califica como «una realidad incontestable» que la cuenca cedente está «en una situación límite», algo que debería haber conducido al órgano que ha decidido el trasvase «a adoptar la decisión de no acordar trasvasar el límite máximo».
Además de la interposición de un recurso contencioso administrativo contra el trasvase, el informe jurídico de Castilla-La Mancha insta a realizar «cuantas acciones legales se consideren oportunas en defensa de los intereses generales» de la comunidad autónoma.