El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla- La Mancha va a desarrollar en Talavera de la Reina y Toledo concentraciones en protesta por los recortes sociales que están llevando las Administraciones de la región en el sector de los Servicios Sociales en un momento en que la demanda de los mismos se ha triplicado.
El colegio profesional regional de trabajadores sociales ha organizado durante esta semana siete concentraciones de la Marea Naranja Castilla- La Mancha en las cinco provincias de la región. Después de pasar el lunes por Cuenca y el martes por Guadalajara, hoy miércoles le toca el turno a la provincia de Toledo. Esta mañana, a las 11.30 horas, se desarrollará una concentración en los exteriores del Centro de Estudios de Estudios Universitarios de Talavera de la Reina; y ya a las cinco de la tarde dicha «Marea Naranja» trasladará su concentración a la Plaza de Zocodover de Toledo. Mañana jueves las concentraciones se desplazarán a Ciudad Real por la mañana y a Alcázar de San Juan por la tarde. Finalizará su periplo por la región en este mes de noviembre el viernes a las seis de la tarde en Albacete.
Este movimiento social, al que se suman un buen número de Colegios Profesionales, Plataformas y Entidades Sociales relacionadas con los Servicios Sociales en nuestra región y en toda España, denuncia que las políticas sociales de recortes están generando pobreza, exclusión y acabando con la cohesión social. Es naranja porque de ese color son las camisetas, prendas y otros materiales con las que se identifica el sector de los Servicios Sociales, y para diferenciarse de otras «mareas», como la verde (educación), blanca (sanidad), roja (sindicatos), violeta (asociaciones de mujeres), negra (funcionarios), amarilla (justicia)…
Se protesta especialmente por los ajustes y recortes que los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha de 2012 y 2013 han previsto para los Servicios Sociales en un momento donde se producen 16 desahucios diarios en la región, donde más de 250.000 personas se encuentran en situación de desempleo, una de cada tres personas en la región están bajo el umbral de la pobreza, una de cada dos familias tienen dificultades para llegar a final de mes, uno de cada cuatro personas mayores tiene que ayudar a sus hijos y nietos a pagar la hipoteca o para que puedan simplemente comer, personas mayores con gran dependencia que se van a morir sin recibir la prestación o el servicio al que tienen derecho y así un largo etcétera de dramas humanos y situaciones traumáticas que cada día se viven en los Servicios Sociales y para los que se no se tienen respuesta porque se ha recortado todo: presupuesto, personal, prestaciones, programas, servicios, centros…
Los trabajadores sociales y otros profesionales que todavía trabajan en los Servicios Sociales (desde este Colegio Profesional se estima que se han despedido en el sector en el último año y medio 14.987 personas) tienen que desarrollar su labor profesional con prácticamente la mitad menos y con una demanda de Servicios Sociales que se ha entre duplicado y quintuplicado en el período 2008 y 2011, dependiendo del colectivo de atención.
Pero esto no es lo peor según este Colegio Profesional, hay mucho más, sobre todo hay que añadir una situación de impagos generalizados de convenios y subvenciones de 2011 y 2012 en materia de Servicios Sociales y Atención Sociosanitaria, ya justificados tanto por Ayuntamientos como por entidades sociales, que también ponen contra las cuerdas o al borde del abismo a estas entidades, a los profesionales que trabajan en las mismas y especialmente a las personas y familias que atienden.
Los recortes por un lado y los impagos de los Servicios Sociales por otro llevan aparejadas entre otras cosas, a juicio del Colegio, las siguientes: peor o ninguna atención para muchas personas o familias; intervenciones profesionales bajo mínimos tanto en calidad, variedad como cantidad; unidades familiares realmente contra las cuerdas y situaciones límite de dependencia, riesgo, vulnerabilidad, desamparo, pobreza y/o exclusión social sin atención o protección social; despidos masivos en el sector en el momento en que más necesarios son los servicios sociales; impagos de convenios y/o subvenciones que también ponen a las/os profesionales, ayuntamientos y entidades sociales al borde de la quiebra y de cerrar recursos, grandes incertidumbres sobre qué pasará a corto y medio plazo casi con todo lo relacionado con los Servicios Sociales; falta o ausencia de respuestas o atenciones adecuadas, operativas, eficaces y/o eficientes a las necesidades sociales de la población más vulnerable o desfavorecida por las entidades responsables de proporcionarlas, gestión administrativa e informativa muy mejorable…
Para esta organización profesional es conveniente que «cada entidad, institución u organización, además de una obligación ética y deontológica profesional, visibilice y denuncie ante la sociedad la injusticia social que supone no atender o hacerlo mucho peor a toda esa ciudadanía que se encuentra en situación de dependencia, de riesgo, de desamparo, de pobreza moderada o extrema, de vulnerabilidad y/o de exclusión». Asimismo, recalcan que no se trata de una cuestión ideológica, es una cuestión de dignidad, igualdad y de todos los demás valores o principios que reconocen nuestro ordenamiento jurídico en general y nuestra Ley de Servicios Sociales en particular. Es un derecho adquirido y no algo graciable que se pueda subastar o aniquilar según el contexto o el partido político de turno. Igualmente afirman que «debemos de rebelar contra eso, aunar esfuerzos y luchar para no tener una sociedad con unos pocos ricos y muchísimos pobres o personas abandonadas a su suerte o a la de su familia». Y Por eso piden a la ciudadanía y a las entidades públicas y sociales que se movilicen contra estos recortes y que «no se callen».