El Ayuntamiento de Santa Olalla ha aprobado en pleno, con 7 votos a favor del Partido Popular y 3 abstenciones del PSOE, una ambiciosa ordenanza para actuar contra la ocupación ilegal en la localidad.
Los okupas lo tienen difícil en Santa Olalla
Actualmente este ayuntamiento está tomando medidas, en el ámbito del Plan Municipal Contra la Ocupación Ilegal de Viviendas:
Las medidas
- Aumento de la presencia policial y alternancia de turnos.
- Elaboración de un censo de viviendas en riesgo de ocupación.
- Trabajo en coordinación con las entidades financieras y propietarios de viviendas vacías.
- Vigilancia policial constante de las zonas donde existe ocupación ilegal.
- Atención a los vecinos afectados por dicha ocupación y estudio sobre la viabilidad de colocación de más cámaras de seguridad.
Desde ahora, por medio de esta ordenanza con medidas urgentes, se obligará a tapiar puertas y ventanas para impedir el acceso al interior de viviendas permanentemente vacías, a la contratación de seguridad privada y a cualquier otra medida que impida el uso de la vivienda de forma ilegal.
Un máximo de dos meses para tomar medidas
En las viviendas ya ocupadas de manera ilegal, el propietario del inmueble deberá tomar en el plazo máximo de dos meses las medidas necesarias para el desalojo.
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En el caso de no cumplir con el deber de conservación del edificio, el Ayuntamiento podrá instar a la ejecución forzosa de dichas medidas.
Y la colaboración ciudadana
Todas estas actuaciones se deben completar con la colaboración ciudadana, tan importante en estos casos, «pues es entre todos como podremos combatir y de forma más efectiva los posibles casos de nuevas ocupaciones», reza un comunicado del Ayuntamiento.
Llamaron al alcalde para alertar de una ocupación ilegal
Precisamente al terminar el pleno en el que se había aprobado esta ordenanza anti-ocupación, el alcalde, Pedro Congosto, recibía una llamada de la Guardia Civil alertando de que estaban evitando una ocupación ilegal.
En palabras del alcalde: «Me presenté allí, inmediatamente, con varios de mis concejales y el encargado municipal, para intentar impedir que esa vivienda pueda ser ocupada. En la mañana siguiente me he personado allí de nuevo, junto con la Policía Local, para comenzar los trámites con el propietario de la misma y que lo antes posible empiecen a aplicar medidas tales como tapiar o proteger los accesos a la misma».
«Como alcalde, estoy empleando todas la herramientas legales con las que a día de hoy se puede contar en una administración local y seguiré pidiendo a la administraciones superiores un cambio de legislación para poder mejorar más la situación», concluyó.